Ecuador, 21 de Mayo de 2022
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El Telégrafo
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Los Jueces se preparan en aplicación del COIP

En agosto la máxima pena será 30 años de reclusión

Con la vigencia, en agosto, del nuevo Código Orgánico Integral Penal (COIP), los jueces de tribunales penales ya podrán aplicar las penas privativas de libertad que ahora son, en algunos casos, hasta de 30 años de reclusión.

Según el artículo 53 del COIP, “No se impondrán penas más severas que las determinadas en los tipos penales de este Código. El tiempo de duración de la pena debe ser determinado. Quedan prescritas 1as penas indefinidas”.

En cuanto a la acumulación de penas privativas de libertad, el artículo 55 señala que “procede hasta un máximo de cuarenta años”.

Genocidio, exterminio, persecución, apartheid, agresión y delitos de lesa humanidad son las 6 infracciones sancionadas con pena privativa de libertad de hasta 30 años.

Este tipo de pena podría imponerse en el caso de lesa humanidad, en el que están acusados policías y militares, entre ellos, el excomandante Édgar Vaca Vinueza, quien dirigía el Servicio de Investigación Criminal SIC, donde se registraron casos de detención forzosa, tortura y agresión, según testimonios de testigos.

La Fiscalía lleva el proceso contra Vaca Vinueza por el delito de lesa humanidad, instrumentado en los tipos penales de tortura, violencia sexual y desaparición forzada cometido contra Luis Vaca Jácome, Susana Cajas Lara y Javier Jarrín Sánchez.

Según el artículo 89, “son delitos de lesa humanidad aquellos que se cometan como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil: la ejecución extrajudicial, 1a esclavitud, el desplazamiento forzado de la población que no tenga por objeto proteger sus derechos, la privación ilegal o arbitraria de libertad, la tortura, violación sexual y prostitución forzada, inseminación no consentida, esterilización forzada y 1a desaparición forzada, serán sancionados con pena privativa de libertad de veintiséis a treinta años”.

‘Las Dolores’ y el caso ‘Lena’ son considerados graves de violación a los derechos humanos, que sustancia la Fiscalía.

Precisamente, para estudiar a fondo estas nuevas sanciones penales que dispone el COIP, se preparan jueces, fiscales y policías.

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