Jaime Vargas explicó en la Fiscalía sobre el ejército indígena propio

- 07 de febrero de 2020 - 00:00
El máximo dirigente de la Conaie es parte de cinco investigaciones que lleva adelante la Fiscalía, por los hechos violentos de octubre de 2019.
Foto: Archivo / El Telégrafo

Alrededor de 15 minutos le tomó al presidente de la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), Jaime Vargas, rendir su versión en la Fiscalía, como parte de una investigación previa por el presunto delito de formación de grupos subversivos. Esto, tras los hechos registrados en el país durante las violentas protestas de octubre de 2019.

La Fiscalía inició la indagación por las declaraciones que ofreció Vargas en Morona Santiago, donde llamó a la conformación de un ejército propio para defender al pueblo para crear “nuestra propia seguridad”.

El delito por el que se inició el proceso se encuentra tipificado en el artículo 349 del Código Orgánico Integral Penal (COIP). La norma contempla una pena de entre 5 y 7 años para personas que participen en grupos de combate, destinados a subvertir el orden público y sustituir las Fuerzas Armadas y Policía Nacional.

Luego de rendir la declaración, el dirigente advirtió que no habló de grupos subversivos, sino que se refirió a las guardias indígenas que constituyen elementos para proteger su territorio. “Son hermanos, compañeros, hombres y mujeres que dan seguridad a los dirigentes, que dan seguridad a la gente que visita las comunidades”, advirtió.

Pero esta no es la única causa que enfrenta Vargas. En su contra hay otras investigaciones previas como terrorismo, delito de odio, incitación a la discordia e incluso por instigación al sabotaje.

Lenín Sarsoza, abogado de Vargas, señaló que estos procesos están encaminados a una “persecución judicial”. Advirtió que las causas se siguen para otros dirigentes indígenas, entre ellos Leonidas Iza, Agustín Casiqueando, Carlos Sucuzhañay, Manuel Chugchilán, Mesías Tatamuez y Luis Morales Cushcagua.

En esa línea, Sarzosa advirtió que en un plazo de 10 días presentará una denuncia penal de lesa humanidad en contra del Estado ecuatoriano, en rechazo de esa persecución por haber liderado una protesta. (I)

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