La Ley de Extinción de Dominio vuelve al debate

Dos proyectos de ley que tienen como objetivo recuperar los bienes y dinero producto de la corrupción, serán analizados en la Asamblea Nacional.
05 de diciembre de 2019 00:00

Pese a que el objetivo no es nuevo y que ya hubo iniciativas anteriores que no prosperaron, en la Asamblea Nacional se inició el trámite de un nuevo proyecto de Ley de Extinción de Dominio.

Se trata del denominado proyecto de Ley Orgánica de Recuperación de Bienes de Origen y Destino Ilícito e Injustificado, presentado por el asambleísta independiente Fabricio Villamar.

La Comisión Legislativa de Participación Ciudadana y Control Social es la encargada del trámite respectivo.

Como primera acción, ayer invitó al legislador proponente para que sustente el contenido del cuerpo legal.

Según dijo, es un instrumento para combatir la corrupción y el crimen organizado. Para Villamar es necesario contar con una legislación que permita a la justicia ordinaria recuperar bienes y activos que han sido producto de actividades ilícitas o injustificadas.

Con ello, el Estado tomará dominio, posesión y administración de los bienes localizados en el Ecuador y sobre los que estuvieren en territorio extranjero mediante cooperación internacional.

“La extinción de dominio es una consecuencia jurídica patrimonial de actividades ilícitas y siempre va a ejecutarse con sentencias ejecutoriadas”, dijo.

De acuerdo a lo planteado, la normativa aplicaría en delitos contra la administración pública, el régimen de desarrollo, producción o tráfico ilícito de sustancias catalogadas sujetas a fiscalización.

Además, los delitos económicos, contra la responsabilidad ciudadana, terrorismo y su financiación.

Villamar aclaró que su iniciativa busca que se declare la extinción de dominio cuando haya bienes de origen directo o indirecto de una actividad ilícita.

Cuando correspondan al objeto material de la actividad ilícita, salvo que la ley disponga su destrucción.

Asimismo, los bienes que hayan sido utilizados como medio o instrumento para  ejecutar actividades ilícitas.

Y finalmente, los bienes que formen parte de un incremento patrimonial no justificado y existan elementos de conocimiento para considerar que provienen de actividades ilícitas.

El legislador aclaró que esta no es una ley que reforma el Código Orgánico Integral Penal, sino una nueva ley que tiene relación con los bienes y no con las personas.

La legisladora integrante de la Comisión, Mae Montaño (ind.), expresó su preocupación por lo que sucedería con los bienes a cargo de testaferros o de familiares.

Ante ello Villamar sostuvo que una de las causales de extinción de dominio son los bienes de sucesión hereditaria, cuando hayan sido producto de actividades ilícitas.

La asambleísta Elizabeth Cabezas (PAIS) recordó que en julio del año anterior presentó el proyecto de Ley de Recuperación de Capitales que también está orientado a combatir la corrupción.

Este proyecto también está para trámite en la Comisión de Participación Ciudadana, por lo que pidió que se tomara en cuenta y si es necesario se unificara con el de Villamar. El unir las dos iniciativas no sería viable, según el presidente de la Comisión de Participación Ciudadana, Raúl Tello (Bin) porque Villamar plantea que se haga desde lo judicial, mientras que Cabezas desde la sociedad civil mediante acuerdo.

La diferencia es de fondo, manifestó. (I)

Contenido externo patrocinado