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En el país se han clausurado 105 supuestas clínicas de rehabilitación por no respetar el buen trato y tener medicina caducada

El centro público de adicciones en Quito atiende a 26 hombres y 15 mujeres

Como una iniciativa para hacer frente a la problemática del consumo de sustancias psicotrópicas y estupefacientes, el 30 de julio de 2014 el Ministerio de Salud Pública (MSP) presentó el Plan Estratégico Nacional y Modelo de Atención de Salud Mental, en el que se incorpora el componente de Atención Integral a Usos y Consumo de Alcohol, Tabaco y otras Drogas.

Roberto Celi, gerente del Programa de Salud Mental del MSP, informó que como parte de este plan se implementarán, a escala nacional, hasta 2015, centros públicos especializados en el tratamiento a personas con consumo problemático de alcohol y otras drogas (Cetad) en las provincias de Guayas, Pichincha, Esmeraldas, Manabí, Sucumbíos, Azuay, Loja, Imbabura, El Oro, Los Ríos, Tungurahua y Napo.

Estos centros tienen definido un programa terapéutico residencial por un período de hasta 6 meses, luego de lo cual se continúa con el tratamiento ambulatorio intensivo o ambulatorio regular. Estos establecimientos complementarán la red de centros privados del MSP.

Adicionalmente, el nuevo tarifario nacional de Prestaciones de Salud, expedido en septiembre de 2014, contempla las prestaciones de rehabilitación para el consumo problemático de drogas y alcohol, posibilitando la compra de servicios entre prestadores de la Red Pública Integral de Salud y hacia prestadores privados.

Para la atención residencial se adecua la infraestructura del Ministerio, en centros de salud y hospitales que están siendo reemplazados con la inauguración de nuevas casas de salud. Los servicios ambulatorios se implementarán en centros de salud tipo C.

Para cubrir los servicios de salud mental, el MSP se encuentra en el proceso de contratar 200 psicólogos clínicos en todo el territorio.

“Es una problemática a la que durante muchos años no se le había dado respuesta por parte del Estado; este Gobierno y la ministra de Salud, Carina Vance, han tenido interés de solucionarla de una manera integral, no solo desde la provisión de servicios, sino también desde la prevención y promoción de la salud mental, dentro de la cual está el consumo de drogas”, expresó Celi.

Al momento existe un Cetad en Quito, que funciona desde hace un año y medio en el Hospital Gonzalo González, sector La Vicentina, con una capacidad de 41 camas (26 hombres, 15 mujeres).

Además, en la ciudad de Guayaquil se adecua la infraestructura en el Hospital Neumológico, ubicado en las faldas de Cerro del Carmen. El centro contará con una capacidad de 60 camas, para la atención de la población masculina y femenina, y estará listo a finales de octubre.

Danny Zúñiga, director del Centro de Atención Ambulatoria de Salud Mental de San Lázaro, explica que ahora existe una nueva estrategia de atención. Dentro de este nuevo enfoque, las personas que tienen algún tipo de adicción reciben tratamiento especializado. Pero este no se limita a terapias con el paciente sino que se extiende a los familiares y al entorno social. Todos los días estas personas acuden con su familia a reuniones de autoayuda, para compartir experiencias.

Cristian Álvarez, coordinador nacional de Servicios Sociales Dignos, explica que el MSP junto con la autoridad competente realizan operativos a centros de rehabilitación, para constatar si tienen los permisos de funcionamiento, si cumplen con los estándares de servicios. “Hemos encontrado sitios con indicios de torturas, de maltrato físico. Además, el 87% de estas personas ha sido llevado en contra de su voluntad en base a prácticas denominadas sistema de capturas. Lo que buscamos es que las personas que tienen alguna adicción reciban la mejor atención”, recalca Álvarez.

Entre julio de 2013 y septiembre de 2014, a escala nacional se han realizado 105 clausuras de centros de rehabilitación. Entre las causas de clausura constan: no contar con el permiso de funcionamiento, violación a los derechos humanos, presencia de medicina caducada o sin permisos, carencia de personal especializado y uso de armas.

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